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Justicia e inseguridad

En su defensa del fiscal General Alejandro Dalla Lasta ante el Jury que propone iniciarle la oposición, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial considera “inadmisible que se pretenda debilitar los vínculos democráticos del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal con la sociedad” con “denuncias desmedidas (que) contravienen o quiebran el equilibrio de poderes, aparejando como consecuencia la vulneración de derechos y garantías convencionales y constitucionales”.

Esta atribución de intenciones a los denunciantes, intuitiva, le permite a la organización gremial continuar eludiendo el abordaje de otros factores que acaso tengan mayor gravitación en el deterioro de su imagen en la consideración pública que la malevolencia de unos legisladores. De hecho no se la ha escuchado a la Asociación quejarse por el manoseo al que el poder político somete desde tiempos inmemoriales a la Justicia, cuyas consecuencias causaron fuerte conmoción con la lamentable deriva del crimen del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas pero de ningún modo pueden calificarse de sorpresivas.

El motivo principal de la escasa estima que la sociedad le tiene al Poder Judicial no son las eventuales “denuncias desmedidas”, sino la menesterosa calidad del servicio que presta.

Si en lugar de desgaritarse contra las críticas que les dirigen, magistrados y funcionarios judiciales relacionaran sus suculentos ingresos y las flexibilidades de su sistema laboral con el purgatorio que debe atravesar cualquier hijo de vecina al que le toca la desgracia de internarse en tribunales, advertirían que no hacen falta denuncias públicas, medidas o desmesuradas, para que los cuestionen.

Este elemento jamás es objeto de análisis por parte de una corporación que, en cambio, salta como leche hervida en cuanto le tocan bolsillo y privilegios, y su poder erosivo se acrecienta en el contexto de inseguridad imperante.

Excepciones hay, no caben dudas, pero el problema es sistémico. Aunque abundan las causas resonantes, como la de Rojas, que dan cuenta de los déficits, son las menos publicitadas las que han ido mellando el prestigio judicial. Centenares de víctimas de la inseguridad pueden dar cuenta de los incordios aparejados a radicar denuncias que en la aplastante mayoría de los casos no obtienen respuesta alguna.

Quien sufre un robo y lo denuncia, por ejemplo, debe prepararse para tortuosos trámites que se inician con la espera de agentes judiciales y peritos, que despliegan aparatosas maniobras de recolección de pruebas y le dejan la propiedad echa un enchastre.

Estas ineludibles ceremonias pueden demandar varias horas, incluso un día completo, que al pobre saqueado se le hacen perder sin la menor consideración, como si no tuviera otra cosa que hacer. Cuando, una vez cumplidos los ritos, los oficiales de Justicia comunican que es indispensable presentarse a ratificar la denuncia, con al menos un testigo, le empieza a crecer a la víctima el negro presentimiento de que se ha metido en un berenjenal inconducente.

Concurre de todos modos a las oficinas correspondientes cuando consigue un comedido que le haga la segunda como testigo, a repetir la letanía ya recitada cuando le peritaron el hogar o el negocio. Y de ahí… si te he visto no me acuerdo.

En los casos más grotescos, la víctima sabe o sospecha quién o quiénes fueron los ladrones y lo informa con expectativas de recuperar algo de lo que le robaron, o que al menos el infractor sea sancionado. Vana esperanza: es probable que se cruce al caco paseando de lo más pancho, tal vez vistiendo la campera robada que él adquirió en sacrificadas cuotas.

Tome nota la sensible Asociación de Magistrados: jueces, fiscales, secretarios judiciales seguirán cobrando sus suculentos haberes sin mayores inconvenientes y los ladrones usufructuando los bienes mal habidos, mientras el saqueado no tiene otro remedio que resignarse al destino de los giles, tragando bilis. Sin siquiera la posibilidad, por ignoto, de sacarse la bronca pidiendo jurys.

Fuente: https://www.elancasti.com.ar/edicion-impresa/justicia-e-inseguridad-n525849

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