El conflicto entre la recolectora de residuos y la Municipalidad de Resistencia ha escalado, generando una crisis que afecta directamente a 70 familias dependientes de este servicio esencial. Desde el Sindicato de Camioneros, se critica severamente la postura del gobierno municipal, acusándolo de desentenderse de las consecuencias de sus propias decisiones.
Según el sindicato, la municipalidad abruptamente decidió finalizar el vínculo con la empresa recolectora, sin establecer canales de negociación previa que aseguraran la continuidad laboral de los trabajadores. Esta acción, argumentan, pone en riesgo el sustento de decenas de familias en un contexto económico recesivo.
Además, se cuestiona la veracidad de las declaraciones municipales que intentan desligar responsabilidades. El sindicato sostiene que, según la Ley de Contratos de Trabajo, la municipalidad es solidariamente responsable por las obligaciones laborales de los trabajadores subcontratados, incluyendo sueldos y seguridad social. Acusan al gobierno de negar esta responsabilidad legal y de tratar a los trabajadores como desechables.
El presidente del Consejo Municipal ha sido particularmente blanco de críticas por declaraciones que, según el sindicato, distorsionan la realidad y no reflejan la situación crítica de las familias afectadas. Se señala la falta de empatía y sensibilidad hacia los trabajadores y sus familias, acusando a los funcionarios de ser insensibles y políticamente incoherentes.
En resumen, desde el Sindicato de Camioneros se plantea una serie de interrogantes contundentes hacia la municipalidad: «¿Por qué se ignoró la necesidad de negociación previa? ¿Por qué se desatienden las obligaciones legales hacia los trabajadores? Y finalmente, ¿por qué se miente sobre la responsabilidad municipal en esta crisis?». La situación continúa sin resolver, mientras las familias afectadas enfrentan un futuro incierto, sin garantías sobre su estabilidad laboral y económica.