Es posible que la aprobación en sí misma de la Ley de Bases haya sido más importante que el contenido. Al presidente Javier Milei le era imprescindible demostrar que puede lograr la aprobación en el Congreso de la Nación de importantes proyectos. Es decir que tiene la capacidad de negociar, logrando una mayoría muy ajustada pero mayoría al fin que garantiza la gobernabilidad. Una cuestión central, que es condición esencial para que haya inversiones en Argentina.
El país, que tiene el récord de defaults, que cada tres años sufre una recesión que lo pone al borde de la parálisis, con inflación crónica que lo ubica entre los tres países con mayor desvalorización de su moneda y que durante prolongados periodos careció de una justicia independiente, no puede aspirar a que una ley sea suficiente para promover una lluvia de inversiones. Especialmente de aquellas que requieren muchos años para ser amortizados, mientras se prohíbe que puedan enviar las ganancias a su países de origen. No cabe duda que por todas esas circunstancias está obligada a dar mayores garantías que sus vecinos.
Pero sería un gigantesco paso que pudieran lograrse inversiones de empresas con tecnología y los capitales necesarios para extraer litio, gas, petróleo y metales, como el cobre, porque si bien son actividades que no generar tantos puestos de trabajo pueden servir para el ingreso de divisas y la eliminación del déficit del Estado, sin que ello haga necesario pagar jubilaciones más que reducidas, por ejemplo.
Justamente las cajas, en déficit por el mal manejo durante décadas y el crecimiento de la economía negra, no serán autosuficientes por mucho tiempo. Las jubilaciones son el gasto social más importante del Estado argentino. El déficit es elevadísimo y para hacer justicia con los hombres y mujeres en la tercera edad es fundamental exportar e importar.
Por supuesto que es imposible superar la crisis de un día para el otro, porque tiene causas estructurales que demandan cambios muy profundos. Y existen factores de poder que defienden el status quo, a pesar de los fracasos reiterados por la aplicación de planes demagógicos o faraónicos que produjeron una crisis tras la otra.
Sin autocrítica
El peronismo y su brazo gremial, la CGT, todavía no ha realizado una mínima autocrítica. Aunque debe reconocerse que lo mismo ocurre con algunos dirigentes, empresarios y también con directivos del radicalismo, que tras una oposición cerrada siguen sin exhibir un plan económico.
Los libertarios tampoco han hecho público un plan integral. Se les reconoce un éxito, sin antecedentes en el mundo, al haber reducido la inflación como no ocurrió en ningún otro país. Y el 4,8 por ciento del mes pasado ha sido señalado como un logro excepcional. Sin embargo esa cifra es altísima e impediría, de repetirse mes tras mes, la normalización de la economía. Para llegar a un número siquiera aproximado al de los países limítrofes, se requieren cambios estructurales que seguirán generando dolores. Pero la única forma de integrarse al mundo es la estabilidad, el aumento de la productividad y la paz social, que generaría la creación de puestos de trabajo.
La incógnita es si el gobierno tendrá la amplitud necesaria para convocar técnicos y especialistas independientes o de otros partidos que necesita con urgencia para ordenar la costosa administración del Estado nacional, cuya ineficacia es paradigmática.
La falta de especialistas
Hasta ahora el Presidente parece cerrar las puertas a todo el que no coincide palabra por palabra con todos y cada uno de sus proyectos y la ausencia de especialistas se nota hasta en asuntos tan elementales como la distribución de alimentos. Tiene a su favor la paciencia de la población, basada en los graves errores de los gobiernos anteriores, pero han comenzado a manifestarse críticas justificadas por desmanejos que denuncian la falta de especialistas en muchas áreas y que ha decidido mantener en puestos claves a funcionarios del gobierno anterior sin recurrir a experimentados dirigentes de otros partidos de pensamiento similar a los libertarios. Está cuestión se está planteando cada vez más y es una carencia grave para normalizar ministerios y empresas del Estado.
Los cierto es que “es la política estúpido”, porque ninguna transformación de fondo es posible sin consenso y acuerdos interpartidarios. Si se convoca a la deliberación del famoso pacto, debería ser la oportunidad para además de fijar objetivos que no sean únicamente de los libertarios. Es cierto que el repudio a la corrupción de la dirigencia tradicional, no solo política, fue el elemento fundamental para que los argentinos le entregarán la presidencia de la Nación a un hombre sin partido ni equipo suficiente para gobernar, como tampoco experiencia política. Pero está obligado a por lo menos adquirir la habilidad para negociar, lo que no significa renunciar a principios, sino la capacidad de ampliar la base de sustentación y armar una estructura que le sea leal para manejar el inmenso estado federal.
Tiene a su favor que los gobernadores afectados por las serias dificultades de muchas provincias están obligados, sobre la base de ciertos realismos, a acompañar al Presidente para lograr inversiones y reducir el déficit del sector público. Ellos ha determinado la aparición de nuevas caras con nuevas actitudes y a pesar de que Milei no lo reconoce, han demostrado estar dispuestos a pagar ciertos costos políticos.
Desacuerdos en la UCR
Eso explica lo ocurrido en el radicalismo, en el que el presidente del comité nacional, Martín Lousteau, a pesar de su experiencia por haber ocupado nada menos que la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Economía de la Nación y de la del embajador en los EE UU, adoptó posiciones diferentes al resto de los de senadores y gobernadores que triunfaron siendo candidatos de su partido, que enfrentan en algunos casos problemas económicos graves que exigen políticas de fomento a las inversiones y reducciones de gastos. Las voces críticas que se han elevado en la UCR indican un desacuerdo muy importante con quién debería ser el portavoz de su partido.
El peronismo y la CGT
En el peronismo y la CGT todavía no se visualizan grandes cambios o una imprescindible renovación dirigencial, pero se detecta una silenciosa disconformidad entre los jóvenes y los gobernadores. Especialmente aquellos que sin hacerlo ostensible, silenciosamente apoyaron el régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI), porque están urgidos en varias jurisdicciones por la necesidad de iniciar la explotación de recursos naturales, como el cobre e intensificar la del litio, oro, gas, etc. La exigencia producto de la crisis también motiva un replanteo sobre el Impuesto a las Ganancias, que en todo el mundo es denominado a los ingresos que existe en casi todos los países y que al ser progresivo contribuye a la justicia social. Varios mandatarios plantearon en las últimas horas la necesidad de una reunión para acordar el restablecimiento de ese impuesto, con la oposición de los gobiernos patagónicos basada en que el costo de vida en el sur es más elevado. Pero eso puede atenderse reglamentando adecuadamente la ley que sancione esa imposición. También es necesario que las provincias en las cuales la actividad agropecuaria es sumamente importante e históricamente ha sido un factor fundamental para lograr divisas no siga sufriendo la carga impositiva que le quita competitividad a los productores, invertir en la tecnología que les permitiría duplicar las cosechas de granos y la producción de carne. Un dirigente agrario decía que reciben regalías los que tiene petróleo o yacimientos de metales pero Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, están siendo esquilmadas sin que nadie plantee la situación que de superarse significaría un valiosísimo aporte para el país.
A pesar de todos los fracasos de los planes de los últimos setenta años, factores de poder importantes y dirigentes de partidos están dispuestos a oponerse a los cambios que posibilitaría al país integrarse al primer mundo, generar puestos de trabajo, lograr mejorar la productividad de los argentinos que no resiste comparación ni siquiera con los países vecinos. Las urgencias son muchas, especialmente en relación a los sectores más vulnerables y la castigada clase media. A pesar de todas las promesas, la carga impositiva ha aumentado comprometiendo, junto con la caída de las ventas, la subsistencia de numerosas compañías y resulta absurdo que algunos sectores planteen iniciativas que redundarán en mayor gasto, sin explicar como se generaran los recursos. Durante la semana pasada las golpeadas pymes se sobresaltaron antes el proyecto de modificar la actualización en los juicios por daños o despidos, sin siquiera promover regímenes de fomento, siempre discutibles para las pequeñas empresas que son el elemento más dinámico en todas las economías del mundo.
Pero lo cierto es que la semana pasada el Gobierno se fortaleció y debería aprovechar la oportunidad para ganar alianzas y no crearse inútilmente enemigos.