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El 19 de marzo, el Juzgado Federal emitió una orden de desalojo y le dio a la obra social nacional 15 días hábiles para abandonar el edificio. Sin embargo, el directorio que reemplazó a Fernando Bossio inició rápidamente una negociación y llegó a un acuerdo. “El contrato anterior estaba vencido; por esa situación se interpuso la demanda de desalojo en función de la falta de respuesta por parte del Pami para llegar a un acuerdo”, detalló Mateo Imberti, abogado de la propietaria del edificio.
El anterior contrato de alquiler había vencido en octubre de 2022.
Después de que el Pami alegara que el JuzgadoFederal no tenía competencia y de que ese argumento fuera rechazado, el 19 de marzo de este año salió la orden de desalojo. El juez Carlos Ochoa le dio a la obra social nacional 15 días hábiles de plazo.
La delegación riocuartense del Pami había sumado 16 meses sin llegar a un acuerdo por el alquiler de su sede. La propietaria venía reclamando desde octubre de 2022 la firma de un nuevo contrato porque el valor del alquiler había quedado sumamente retrasado ante el incremento de la inflación.
Como el Pami no respondía los pedidos de incremento en el precio del alquiler, el monto que se seguía facturando era de 2022 y había quedado sumamente desfasado en medio de un proceso inflacionario que el año pasado tuvo un pico superior al 211 por ciento anual.
“Íntímese al demandado Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para que en el término de 15 días proceda a la desocupación del inmueble, bajo apercibimiento de desalojo”, señaló Ochoa en su sentencia.
Sin embargo, esa orden jamás se ejecutó. A partir de la disposición de la Justicia Federal se inició un proceso de negociación entre el directorio conducido por Ricardo Scattolini y los dueños del edificio. Finalmente, el contrato es retroactivo y regirá desde mayo. Así, la situación se regularizó y el Pami podrá continuar desarrollando sus tareas en su sede de la calle Alvear 842.
“No era idea de nadie que el Pami tuviera que desalojar el inmueble por todas las complicaciones que ese situación conllevaba. Incluso habiéndose vencido el plazo de 15 días hábiles desde el 19 de marzo, todavía no se había llegado a un acuerdo y, de hecho, el desalojo no se produjo. El 29 de mayo celebran un nuevo contrato retroactivo al 1 de mayo de este año.El Pami pagó las deudas de alquiler entre el contrato vencido y el 30 de abril de 2024, con una actualización en los valores. A partir de ahí empieza a regir el nuevo contrato que le garantiza al Pami la continuidad hasta el 30 de abril de 2027”, detalló Imberti.
Para evitar los inconvenientes que se produjeron en el vínculo anterior -que pasaron fundamentalmente por la falta de actualización en los valores del contrato en un contexto inflacionario- el nuevo acuerdo contempla un ajuste en el precio del alquiler cada tres meses. El valor seguirá el ritmo del IPC que mide el Indec.
Ahora, a partir del acuerdo la orden de desalojo queda sin efecto porque la demanda devino abstracta. El único punto que queda por discutir es a quién corresponden las costas del proceso.
La propitaria del edificio entiende que el Pami debe hacerse cargo de los honorarios de los abogados porque el litigio se generó a partir del desinterés de la obra social nacional por celebrar un nuevo contrato que reemplazara al que había vencido en octubre de 2022.
Fuente: https://www.puntal.com.ar/pami/el-pami-acordo-un-nuevo-contrato-alquiler-y-se-del-desalojo-n220489