Mientras la definición de la ley de Bases en su vuelta a Diputados se lleva la mayor atracción política y parlamentaria de lo que resta de junio, los bloques opositores del Senado comienzan a afilar la estrategia para completar la sanción del proyecto de movilidad jubilatoria, que con amplia mayoría lograron aprobar a principios de mes, en Diputados, y que el presidente Javier Milei ya anunció que lo vetará.
Los senadores opositores buscan apurar el debate de la iniciativa con la aspiración de poder llevarla al recinto el miércoles 26 o a más tardar el miércoles 2 de julio, mientras que en el oficialista LLA bosquejan un diagrama de trabajo que incluya expositores y al menos dos o tres reuniones de los plenarios de comisiones: la idea, como en tantos otros temas que pasaron por la agenda parlamentaria desde diciembre hasta hoy, es dilatar los tiempos.
El texto aprobado por Diputados por 160 a 72 establece una recomposición del 8,1% (por lo que los haberes perdieron por la inflación de enero), más un ajuste mensual por IPC (el índice de inflación del Indec) y un aumento anual adicional, en marzo de cada año, que se establecería a partir de un cálculo por el cual se reconocería una suba del 50% de la variación del Ripte (otro índice oficial, de variación salarial) por sobre la variación de la inflación durante el año calendario anterior.
En la sanción también se fijó que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la Canasta Básica Total de un adulto, por lo que un jubilado que recibe la mínima pasaría a cobrar $285.000.
La media sanción llegó luego de que la oposición apurara el debate del tema tras haber conseguido que el Gobierno quitara el tema del proyecto de ley de Bases, ya que durante el debate de enero-febrero era uno de los puntos que generaba mayores desacuerdos.
Iniciada la ofensiva de la oposición, en marzo, y luego de vencidos los intentos dilatorios de La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo intentó neutralizar la discusión parlamentaria con un DNU que estableció una fórmula atada a la inflación que recién se aplicaría, con un aumento del 12,5% en el mes de abril y con un “adelanto” en mayo.
Debido al gasto fiscal que se estima que implica (un 0,4% del PBI), Milei trató a los diputados de “degenerados fiscales”, y adelantó: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, completó: “Lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley”.
Ante la certera posibilidad del veto, diputados y senadores de la oposición ya hacen números para poder llegar a reunir los dos tercios en cada recinto que les permitan anular el veto y confirmar la ley.
La Constitución Nacional, en su artículo 83, consigna que el Congreso podrá volver a insistir con el proyecto, siempre que cuente con la mayoría de dos terceras partes —sin aclarar si es sobre los miembros presentes o totales—, por lo que se interpreta la primera de las opciones.
En Diputados, con los 160 votos, estuvieron a solo 11 de ese porcentaje, y no descartan alcanzarlo en el eventual rechazo al DNU, porque las cinco abstenciones de la izquierda pasarían a ser rechazos y algunos ausentes de la UCR, Unión por la Patria y Hecemos, que por cuestiones personales estuvieron ausentes el 5 de junio, participarían de esa presunta sesión.
En el Senado, en cambio, los dos tercios ya quedarían plasmados en la propia sanción de la ley: para alcanzar los 48 de los 72 miembros totales, la oposición sumaría a los 33 de Unión por la Patria y a los 13 radicales, espacios que en Diputados encabezaron la ofensiva para aprobar la ley.
A ellos se sumarían, en caso de que actúen en espejo con los posicionamientos que tuvieron en Diputados, los dos representantes de los gobiernos de Misiones, los dos de Santa Cruz; la de Neuquén; la de Córdoba y la de Río Negro. Totalizando 53.
En Unión por la Patria evitarán así tener que ir a buscar el apoyo de los dos exintegrantes de su bloque, Edgard Kueider y Carlos Espínola; que en la última semana fueron claves en la ayuda al Gobierno para la aprobación de la Ley de Bases.
Como parte del contexto de la política previsional, que impactaría indirectamente en los cálculos que se hacen sobre la movilidad jubilatoria: el jueves pasado, en el marco de las negociaciones con la oposición, el oficialismo del Senado retiró del texto la reconfiguración de las jubilaciones, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir haciéndolo sin contar con 30 años de aportes.
Ese es uno de los puntos que ahora la Cámara baja –posiblemente la última semana de junio— deberá resolver si acepta o rechaza. En despachos opositores desconfían de los acuerdos con el Gobierno para los cambios hechos en el Senado; en otros prefieren seguir confiando.
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