Un grupo de organizaciones conformado por ELA, Ni Una Menos, Fundeps, Mujeres por Mujeres y FEIM presentó una acción judicial solicitando al poder ejecutivo que brinde certezas sobre cómo hará para cumplir con sus obligaciones legales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Lo hicimos en el marco de la incertidumbre generada por el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y el despido del 85% de sus trabajadores/as, así como por el anuncio del cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia.
Lo que busca la acción judicial, presentada el viernes 28 de junio, es que el Gobierno aclare cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por Argentina a través de normativas nacionales y tratados internacionales. También solicitamos una medida cautelar para impedir que se sigan vaciando políticas fundamentales para evitar el recrudecimiento de la violencia.
El corrimiento del Estado tiene consecuencias en la vida concreta de las mujeres. Uno de los programas que se encuentra en riesgo es la Línea 144, un dispositivo que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género a través de un servicio telefónico gratuito, WhatsApp, correo electrónico y por videollamadas para personas sordomudas. Desde su creación en septiembre del 2013, ha atendido en promedio 340 comunicaciones al día, 10.400 al mes y 125.000 al año. Es uno de los dispositivos de atención más conocidos y utilizados por las víctimas de violencia. Discontinuar, desfinanciar o limitar los servicios de información que brinda la Línea pondría aún más en riesgo a las personas que recurren a esta fuente de información.
El Acompañar es otro de los programas que se encuentra en riesgo y su paralización también afecta la vida de muchas mujeres. Se trata de una política que brinda recursos económicos para garantizar una mínima sustentabilidad material a las víctimas de menores ingresos. Desde su implementación en 2021 accedieron al Acompañar 352.000 mujeres de todo el país. Como revela una investigación de ELA son mujeres que pudieron invertir los modestos recursos ofrecidos por el programa en mejores medidas de seguridad para acceder a vivienda segura, retomar sus estudios, prevenir nuevos incidentes, iniciar capacitaciones técnicas e invertir en emprendimientos para su sostenimiento económico.
El Gobierno Nacional viene utilizando un procedimiento confuso: anuncia cierres de organismos y desmantelamiento de políticas públicas por redes sociales que luego no se reflejan en actos administrativos. Mientras, se recortan los recursos, se reduce el personal a través de despidos masivos y se anuncia el cierre de espacios que tienen la obligación de brindar asistencia.
En este escenario, nos preguntamos ¿cuál será la suerte de estos programas y políticas que constituyen obligaciones del Estado si se elimina el órgano rector y se desarticulan los equipos de trabajo? Esa es la pregunta por la que decidimos acudir a la justicia.
El corrimiento del Estado sólo puede resultar en el recrudecimiento de la violencia, el desamparo y la vulneración de los derechos y ello puede tener consecuencias irreparables.
El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” registró 78 femicidios y 72 intentos de femicidio entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2024. Además, de noviembre de 2020 a marzo 2024 se registraron en el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género (SICVG) aproximadamente 650.000 personas asistidas en todo el país por parte de organismos nacionales, provinciales y municipales. Entre ellas, más de 200.000 personas se encuentran en riesgo altísimo y en el escenario actual su situación puede empeorar.
Además, con la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, las mujeres se enfrentarán a un retroceso de más de treinta años en la protección de sus derechos y Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género.
Garantizar el derecho a una vida libre de violencias por razones de género es un deber del Estado argentino de acuerdo con las obligaciones que ha asumido tanto a nivel local como a nivel regional e internacional. Estas obligaciones exceden a cualquier orientación ideológica o partidaria.
La autora es directora del área jurídica de ELA
JI/DTC
