La mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad, todo lo contrario. Lo mismo dentro del Gobierno, que hasta la temporada pasada defendía con uñas y dientes el sistema de los aviones y ahora lo tira por la borda de un día para el otro, en medio de una serie de acciones tendientes a la desregulación y “privatización” de la producción, desmantelando la empresa estatal AEMSA SA que preside Marcelo Japaz y que fue creada por Alfredo Cornejo en su gestión anterior.
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Créditos desde julio para la colocación de mallas antigranizo y sistemas de riego
Lo concreto hasta el momento es que el Estado mendocino dejará de costear aviones antigranizo para pasar a subsidiar parte de tasas de interés para la toma de créditos por parte de los privados.
La primera línea de crédito quedará habilitada en los próximos días. “Desde julio”, confiaron desde el Ministerio de Producción a Diario UNO sin demasiadas precisiones. Se trata de los préstamos que el Gobierno de Mendoza acordó con el Banco Nación a una tasa anual del 14% en los primeros tres años.
La asistencia crediticia será de hasta $20.000 millones, unos 22 millones de dólares, que podrán ser destinados a la compra y colocación de malla antigranizo, mejoras en el sistema de riego y/o energético y compra de activos fijos.
Según dijeron desde el Gobierno, parte del dinero que hasta ahora se destinaba para la compra de bengalas y el funcionamiento de la lucha activa -unos $6.000 millones- pasará a usarse para bonificar la tasa de interés de esos y más créditos que se están negociando con el Banco Ciudad.
En principio -y aunque aún no están confirmados- los préstamos de esta última entidad serían de hasta $10.000 millones; mientras que se lanzará una licitación para que otros bancos privados se sumen a la asistencia por otros $10.000 millones.
“Un disparo a quemarropa”
Las quejas y reclamos hoy no están 100% centradas en si la lucha antigranizo con aviones funcionaba o no, sino en la forma en que se resolvió dejarla de lado y especialmente en la falta de diálogo previa con los interesados directos: productores y pilotos.
Son 145.000 las hectáreas cultivadas en Mendoza y es imposible pensar en una provincia “techada”. Entonces, los productores ya empezaron a pensar en que una opción viable será cubrir lo suficiente como para “salvar la temporada” si es que el granizo acaba con el resto.
Son 4 los aviones, 27 los pilotos y 12 los mecánicos que operaban en AEMSA. Además, se utilizaban por temporada estimativamente 10.000 cartuchos y 10.000 bengalas.
A esa estructura hay que sumarle los 4 radares meteorológicos, los 12 generadores de superficie, y las 30 estaciones meteorológicas, gestionadas por otras 38 personas.
“Nos enteramos de todo por la prensa. Al igual que pasó con el IDR y el IDC. Esto fue un disparo a quemarropa”, dijo Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este a Diario UNO.
Se reunirán este martes para discutir lo que pasó y lo que se viene. Aunque con más especulaciones que certezas porque la decisión está tomada y no hay, hasta ahora, mucha más información que la que ya dio el Ministerio de Producción.
“Fue una decisión inconsulta. Y estas son decisiones que se deberían haber tomado con tiempo, no de un momento a otro, sino en diálogo con las entidades”, coincidió Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas).
Juan Pablo Mazzieri, representante de los pilotos de Aeronáutica de Mendoza, confirmó por su parte que hubo 27 despidos en la empresa: “Tomaron una decisión con una brutalidad e insensibilidad absoluta; han despedido de un momento al otro a 27 pilotos”.
Sobre la lucha en sí, Ruggeri no está “tan seguro de que los aviones no funcionaran. Pero si así fuera, se debería haber buscado una solución”, advierte.
Por su parte, Sosa no tiene una opinión formada, ni como productor ni como director ejecutivo de la entidad del Este. “En definitiva la lucha antigranizo se transformó en una cuestión de fe; como la tijera clavada en la tierra, como invocar a los dioses. Y sí sabemos que había tormentas intratables”, aseguró.
La hora de la verdad llegará en octubre, cuando históricamente comienzan a darse las tormentas graniceras. ¿Y hay tiempo suficiente para que el productor cubra sus cultivos de malla para entonces? Esa es una de las primeras dudas que se presenta.
El camino hacia la malla no es fácil, por más créditos blandos que se otorguen, tenés que contar con el presupuesto para hacerlo y adaptar el cultivo.
Los $10.000 o $20.000 millones de los créditos propuestos “alcanzan solo para cubrir 2.000 o 4.000 hectáreas con malla” a grandes rasgos y siempre dependiendo del tipo de cultivo del que se trate.
Y en cuatro meses… ¿Las empresas tienen la capacidad operativa para cubrir esa cantidad de hecáreas? ¿Y hay malla suficiente en el país para cubrir la demanda?, se pregunta Ruggeri.
¿Por qué no se hizo un proceso de transición entonces? Nadie lo sabe. Nadie lo entiende.
“Estamos muy sobre la hora”, agrega Sosa. “Y además no funciona para espalderos”, adelanta, aunque no todos piensan lo mismo. “La malla para la uva sí sirve si está bien puesta”, dice por ejemplo, Ruggeri.
Nuevo seguro agrícola público-privado
Además de la asistencia crediticia para la compra e instalación de mallas, la estrategia del Gobierno incluye la instrumentación de un nuevo seguro agrícola, a través del fondo compensador.
“Ni siquiera tenemos problemas nuevos”, reitera Mauro Sosa, como dice cada vez que se lo consulta por el seguro agrícola. “Los seguros fueron una frustración. Y ahora, con más riesgos, ¿cómo serán las primas? Más altas”, se anticipa.
De cara al nuevo sistema -del que aún no se tienen precisiones, salvo que no será obligatorio-, Sosa advierte que “para el subsidio de tasas no debiera haber limitaciones de hectáreas porque el gran productor tiene los mismos problemas que el chico”.
Hoy, el seguro agrícola agrupa a los productores de vid y frutales de hasta 20 hectáreas y la indemnización alcanza los $250.000 por hectárea 100% dañada. Aunque el sistema de cobertura también incluye el Fondo Compensador para los que poseen más de 20 hectáreas.
Una de las principales dudas es si la adquisición de un seguro será o no una condición para recibir el resto de los beneficios de la Ley de emergencia como subsidios en las tarifas o eximiciones en pagos de facturas. Sobre esto aún no hay confirmaciones.
Lo que sí se sabe es que hoy hay apenas 2.000 productores asegurados, cuando en los últimos 8 años, son 10.300 los que han sufrido algún daño por granizo o helada; y de esos, el 75% son productores chicos, de menos de 10 hectáreas. A ese universo es al que apuntará principalmente el Ministerio de Producción con la nueva línea de seguros.