Era la fórmula para distribuir cientos de miles de pesos a discreción. Al menos así lo dice el acta que fue redactada por el Ministerio Público y que derivó en la imputación de ambos. Imputación que ocurrió hace dos semanas, pero que permaneció sin contarse hasta este momento.
Una de las empresas a las que vincularon a esos empleados falsos, según la acusación, es “Ventury Shop S.A.”. ¿Qué hace Ventury Shop S.A.? Absolutamente nada, porque no existe. Se cree que fue “creada” en el momento sólo para tener una razón social con la cual engañar al mecanismo informático. No hay documentación respaldatoria que conste en los registros oficiales que analizó la Justicia. Y aunque todo ese material no estuviese, para la fiscalía la pareja logró que se les transfirieran los montos.
El modus operandi analizado también marca que no lo hicieron una vez, sino en distintas oportunidades y que, además de cargar nombres y apellidos para que se transformaran en “empleados”, también ellos mismos se agendaron en el propio sistema para poder cobrar desde ahí como sus beneficiados: “Se hicieron pagar el salario de manera concomitante con el que percibían por trabajar en el Estado”, dice el acta oficial.
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Una empresa inventada, casi 30 millones y nuevas pericias contables
Para la fiscal, Valentina y Ezequiel registraron esos 31 nombres tanto en la inventada Ventury Shop como en otras empresas reales, que sí existen. De hecho, una de las medidas de prueba solicitadas fue conocer cuáles son todos y cada uno de los nombres de esas firmas a las que supuestamente los vincularon.
Lo que sostienen es que, para no dejar rastros de lo que hicieron, borraron todas las cargas hechas a través del usuario “VCACERES” en la faz del mecanismo que manejaban, pero que no pudieron hacerlo en el backup del Ministerio de Producción, una suerte de caja negra informática en donde habrían dejado todas las huellas que les jugaron en contra. La Justicia no determinó si ellos conocían que ese registro paralelo existe.
Hasta el momento la investigación habla de 26 millones de pesos, pero la verdad es que la cifra incluso podría crecer en los próximos días; cuando finalice una pericia contable que fue encargada por la fiscal García Cobos. El avoque dice que ambos abusaron de su condición de personal del Estado para cometer estos delitos.
La acusación concreta es “estafa genérica”, que está estipulada por el Código Penal de la República en el artículo 172. Ahí se dirimirá la suerte de ambos y si es que no la de algunas personas más, porque la investigación ahora apunta a una trazabilidad de los fondos que permita conocer qué hicieron con la plata; de qué manera y quiénes fueron sus facilitadores si es que los hubo.
Esto significa que la Justicia auditará los movimientos de todas las cuentas bancarias -se estima que se usaron 33 en total- en los períodos en los que se habría realizado toda la maniobra, que es el que iría hasta abril de este año, según cifras extraoficiales.
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Qué es Enlazados y cómo son las “huellas” en el sistema
Enlazados fue creado como estímulo para la creación de nuevos puestos de trabajo en firmas privadas. La provincia transfiere a las cuentas bancarias de los empleados el importe equivalente a un salario mínimo vital y móvil si es jornada completa y la mitad, si es que se trata de media jornada. La parte que completa el sueldo deben ponerlas las empresas y la duración máxima es de cuatro meses.
Las empresas se incorporan a través del mecanismo de ventanilla única electrónica que tiene el Gobierno. Cuando toda la información subida es controlada y se acredita que está subida de forma correcta, se eleva a Mendoza Fiduciaria el listado auditado. En el medio hay controles internos que realiza la Dirección de Empleo.
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Diario UNO contó el 9 de mayo que se había detectado la posibilidad de este robo hormiga. La subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, dijo que la mujer había dejado su “huella digital” por toda la causa tras los hechos relatados. Huellas suyas y de su supuesto novio, según se cree.
“La maniobra se mantuvo oculta durante meses, pero no advirtieron lo que pasaba en los servidores internos, que tienen controles adicionales de integridad de la información y ponen la lupa en los procesos”, dijo Vega Espinoza –palabras más, palabras menos- tiempo atrás. Fue la primera en hablar de una jugada que se había mantenido en el tiempo.
Esos errores los habrían dejado al descubierto. La Justicia ya avanzó sobre ellos y ahora se hace más preguntas: ¿Fue más dinero que esos 26 millones? ¿Fue menos? ¿Hay otro mecanismo además de este que se investiga? ¿Cuánto alcanzó a llevarse cada uno, si es que efectivamente desviaron fondos públicos hacia sus bolsillos? ¿Los ayudó alguien?
Las respuestas comenzarían a aparecer en días.
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