![Foto de archivo. Camiones de la mina las Bambas circulan a lo largo del corredor minero entre Sayhua y Ccapacmarca, cerca de Ccapacmarca, Perú, 19 de enero de 2022. Foto tomada el 19 de enero de 2022. REUTERS/Sebastián Castaneda](https://www.infobae.com/new-resizer/fktV1qB6uRhsA2DpjPPA8fvvP6w=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/L2JUPVSHK4B3ON5SYDV2KBBNA4.jpg 420w)
Los derechos del campesinado prevalecen. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima —integrada por los jueces Vilchez Dávila, Romero Roca y Suárez Burgos— declaró infundada la demanda de amparo presentada por la Minera Las Bambas S.A. contra la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y otros, incluyendo a dos comunidades que viven a sus alrededores.
La empresa a cargo de la cuarta mina de cobre más grande del Perú interpuso el recurso aduciendo que las licencias de uso de agua otorgadas a las comunidades campesinas de Huincho y Conchapallana, en Andahuaylas, afectaban de manera negativa su actividad minera.
No obstante, el Poder Judicial, tras analizar los recursos de apelación presentados tanto por el Procurador Público del Ministerio de Agricultura y Riego como por la Junta Administradora de las Comunidades, resolvió que no se había acreditado la existencia de una amenaza cierta e inminente que justificara el retiro de dichas licencias.
![Poder Judicial declaró infundada la demanda de Las Bambas que exigía a la ANA revocar licencias de agua de comunidades Huincho y Conchapallana.](https://www.infobae.com/new-resizer/5bTd8QWo35iEZw19N9FDvzIKfpg=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/G2LQMH5UUFE3VNNGWGSAI7FPMM.jpg 420w)
En su análisis, el tribunal consideró que Las Bambas no presentó pruebas suficientes para sostener sus alegatos de amenaza inminente a su actividad minera, tales como informes periciales o inspecciones judiciales que corroborasen sus afirmaciones.
Asimismo, se concluyó que los posibles actos mencionados por la empresa china no conllevaban una realización “inmediata, real y basada en hechos efectivos”, por lo que no cumplían con los requisitos necesarios para establecer la existencia de la amenaza alegada.
De este modo, el Poder Judicial resolvió que los derechos de los comuneros de Huincho y Conchapallana a utilizar sus recursos hídricos mantendrán plena vigencia, permitiendo que continúen con sus actividades tradicionales sin la interferencia exigida por la empresa minera. La decisión reafirma la protección de los derechos de las comunidades campesinas en el uso de sus recursos naturales.
![Foto de archivo. Camiones de la mina Las Bambas circulan por el corredor minero entre Sayhua y Ccapacmarca, cerca de Ccapacmarca, Perú, 19 de enero de 2022. Foto tomada el 19 de enero de 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda](https://www.infobae.com/new-resizer/2yCgcM1nS_N1XUHHRRWl8rtqXG0=/420x280/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/D2QWVHPPCZZSYLQVJ3WUTJQGP4.jpg 420w)
De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), el proyecto Las Bambas, en Apurímac, representa el 75% del Producto Bruto Interno (PBI) regional, el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 15% de la producción de cobre del país.
Anualmente, este ha generado aproximadamente 75 mil 000 empleos, entre directos e indirectos, y ha aportado casi el 2% al PBI peruano. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten desafíos pendientes.
Pues, Las Bambas, una de las minas a cielo abierto más grandes de Sudamérica, es un proyecto valorado en 5,800 millones de dólares que prometió transformar la producción nacional de cobre, con una proyección de extracción de 450 mil 000 toneladas anuales desde 2016. Pero lo cierto es que su impacto trasciende lo económico.
Esto debido a que el proyecto abarca aspectos sociales y ambientales significativos vinculados a altos índices de pobreza, analfabetismo y problemas de salud, como la anemia y la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, según una investigación del portal Diálogo Chino.
Por ello, la población surandina continúa exigiendo atención a sus reclamos en infraestructura, empleo y responsabilidad social por parte de la empresa involucrada.