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* Es hasta el 31 de diciembre, previendo una prórroga de ser necesario.
* Autoriza la delegación en la operación y el mantenimiento de los acueductos.
* Establece la obligación de conectarse a los sistemas de acueductos, con algunas excepciones.
* Fija la obligación de abonar las deudas contraídas y ya existentes.
Cabe recordar que en las últimas horas se conocieron las obras que Nación se comprometió a terminar en la provincia entre la que se encuentra la planta potabilizadora de Aguas.
A favor
Para justificar la iniciativa, el diputado radical, Dionisio Scarpin (fue uno de los encargados en contar sobre su decisión favorable junto a Rubén Galassi y Pablo Farías), remarcó que los servicios públicos “mejoran la calidad de vida y son un factor de desarrollo muy importante para los territorios”.
En ese sentido, indicó que en Argentina y Santa fe “el problema de los servicios públicos son una tendencia a lo largo de la historia, y es difícil encontrar casos exitosos de empresas que presten buenos servicios públicos”. A su vez, planteó que es un debate que está siendo atravesado por ideologías políticas debido a que “hay quienes confían exclusivamente en el mercado y otros en el Estado”.
“No se puede estar en desacuerdo en que el Estado siempre debe estar presente para garantizar servicios públicos, en especial en una provincia tan extensa y con conglomerados urbanos como Santa Fe”, expuso y, a modo de cierre, completó: “ASSA está en 15 localidades y el resto se las arregla como puede”.
Voces en contra
La emergencia en ASSA es la primera ley especial de la actual gestión legislativa que no tuvo acompañamiento de ninguno de los bloques opositores. El interbloque del justicialismo fue muy crítico a la hora de exponer sus discursos negativos y tampoco faltaron críticas desde la izquierda.
Dentro de ese contexto, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, señaló que si bien fue aprobada, “se trata de la primera derrota del oficialismo” y manifestó que se brinda “una carta blanca” para la privatización.
En ese marco, Lucila De Ponti, diputada del bloque justicialista que también se opuso, argumentó: “No estamos de acuerdo de que se gobierne con leyes de excepción en materia de administración pública en tantas áreas de gobierno”.
Para ella, no se tendría que estar votando una ley de emergencia, sino que “iniciando un proceso de debate para tener un marco normativo del sistema servicio sanitario en Santa Fe porque hace 18 años que funcionamos con un régimen transitorio”. A raíz de eso, postuló que “en dos años, cuando se cumpla el plazo de la emergencia prorrogada, se va a vencer el contrato de la empresa ASSA con la Provincia y la propia existencia jurídica de la empresa”.
“Lo que corresponde, desde hace 18 años, es que la dirigencia discuta un régimen permanente. Coincido en que sería una enorme oportunidad, pero no votando una ley de emergencia que para nosotros no es el camino y que en la mayoría de sus aspectos es innecesaria”, apuntó.
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