Del otro lado, la pifia de la movilización central de las universidades, ocurrida en CABA, fue claramente la de convocar al escenario a un cúmulo de dirigentes sindicales y sólo a una representante del estudiantado: la presidenta de la FUA, la riocuartense Piera Fernández. Otra hubiese sido la imagen con rectores y estudiantes sobre el palco principal; mucho más representativo de lo que había en la calle ese día. Fue el paso en falso de una movilización que claramente impactó en el centro del poder político. El Gobierno debió recoger la piola y dar unos pasos hacia atrás. De hecho, cuando vio venir la expresión masiva, decidió jugar una carta de apuro para intentar desactivar al menos en parte esa convocatoria: anunció un incremento del 70% en las partidas para gastos de funcionamiento en abril y mayo. No surtió efecto.
Cuando el Gobierno vio venir la expresión masiva, decidió jugar una carta de apuro: anunció una suba del 70% para gastos de funcionamiento.
Vale aclarar que los gastos de funcionamiento son el 10% de los fondos que perciben en general las universidades. En algunas, como el caso de Río Cuarto, ese porcentaje es levemente superior; pero lejos de alcanzar el 15% que en algún momento se vio como idea: 15% para funcionamiento y gastos operativos; 85% para salarios.
Es decir, el incremento que propuso el Gobierno impacta sólo sobre el 10% de los recursos: es el 70% del 10%.
A pesar de que las semanas previas las declaraciones de los funcionarios cuestionaban a las universidades y sus manejos de recursos, luego de la marcha hubo un giro notable, aunque siempre dejando la duda sobre la falta de transparencia.
Hay allí un dato que quienes a menudo transitan los pasillos universitarios conocen al dedillo: para mover un dedo en las casas de altos estudios hay que lidiar con una pesada carga burocrática, surgida de innumerables cruces de miradas de opositores a las conducciones, ya sean de las universidades o de las facultades. Con intervención, claro, de cuatro claustros distintos: docentes, no docentes, estudiantes y graduados.
Más allá de eso, es posible que se pueda perfeccionar y siempre que el control de recursos sea eficiente puede mejorar la administración de dineros públicos. Claro, no serían las universidades tal vez las que deberían ponerse como prioridad o bajo sospecha en primer término. Pero fue lo que planteó el gobierno de Milei; al menos en la previa. Después hubo un giro que quedó expuesto.Ayer, el Presidente remarcó, en una entrevista en el canal LN+, que “el reclamo puede ser genuino, pero construido sobre una mentira. Nosotros nunca dijimos que vamos a cerrar las universidades ni que les íbamos a quitar financiamiento. Lo único que pedimos y buscamos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por los pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados”, explicó el presidente Milei.
Lo cierto es que la masividad en las calles tuvo como principal motor el recorte de fondos que está sufriendo el sistema universitario nacional.
Los giros a las universidades en el primer trimestre del año alcanzaron los $490.171,9 millones, un 180,5% más que en 2023; la inflación fue del 287,9%.
Las casas de altos estudios, con los rectores a la cabeza, más allá de que algunos están siendo más vehementes que otros, vienen alertando de que sólo tienen fondos para funcionar un puñado de meses más.
El problema no es nuevo, sino que viene de arrastre, particularmente desde que el Estado nacional no tiene presupuesto aprobado para este año y el Gobierno decidió reconducir el del año pasado. En la práctica es una estrategia que carece de originalidad para manejar a su antojo todo lo que crezcan los ingresos por el efecto inflacionario.
En medio de esto, la semana pasada se conoció el balance de las transferencias corrientes a universidades correspondiente al primer trimestre del año por un total de $490.171,9 millones frente a los $174.765,6 millones del mismo período de 2023. Son datos oficiales de la Tesorería General de la Nación. Eso implica que enviaron a las casas de altos estudios un 180,5% más de recursos. Lo primero a contrastar es que ese porcentaje pierde claramente contra la inflación, fijada en 287,9% por el Indec. En pesos, para igualar a la inflación debían recibir 675 mil millones.
Pero el segundo punto es más determinante: transferencias no es igual que presupuesto. ¿Qué pasa si luego de enviar fondos con ese aumento, los meses siguientes se decide aplicar un incremento menor? Podría hacerlo porque el Gobierno no está obligado a realizar más que lo que marca el presupuesto 2023 reconducido. Sería, por supuesto, el colapso universitario. Tal vez esa opción haya quedado algo más lejos después de la medición de fuerzas de la semana pasada y el recálculo que realizó el Gobierno.